Hace ahora ya poco más de 43 años atrás, el 20 de noviembre de 1975, fallecía en Madrid de muerte natural el general Francisco Franco Bahamonde (Ferrol, 1892), cuando estaba a punto de cumplir los 83 años de edad. Para entonces llevaba casi otros 40 años, desde l de octubre de 1936, a la cabeza de un longevo régimen dictatorial con el título de “Caudillo de España”. Curiosamente, el 40 aniversario de la muerte de Franco en 2015 (como los que siguieron hasta el presente) pasó casi desapercibido en los medios de comunicación de masas del país: casi ningún gran diario nacional o regional llevó en su portada ni la mera mención a la noticia aquel 20 de noviembre de 2015. Y, pese a ello, lo cierto es que el dictador sigue siendo una presencia ocasional en la vida pública de España y no siempre bienvenida ni bien hallada (como demuestra el reciente debate sobre la posible exhumación del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos para su traslado a otro lugar).
Desde luego, para la memoria biográfica de los españoles que vivieron la época de la dictadura y para los contemporáneos europeos e internacionales (y todavía hay muchas generaciones en activo que así lo hicieron), Franco era sobre todo el “Caudillo de España por la Gracia de Dios”. No era un título retórico, ni mucho menos. Era la fórmula jurídica para definir la suprema magistratura de quien, en plena guerra civil española, había conseguido convertirse en el máximo líder del bando insurgente y asumir las funciones de Generalísimo de los Ejércitos, Jefe del Estado, Jefe del Gobierno, Homo missus a Deo (enviado de la Divina Providencia) y Jefe Nacional de Falange (el partido único estatal), “sólo responsable ante Dios y ante la Historia”. Se trataba, en suma, de un dictador de autoridad soberana, omnímoda y carismática, profundamente reaccionario, ultranacionalista y católico-integrista.
Aquel “Caudillo de la Cruzada” era un militar nacido en El Ferrol en el seno de una familia de clase media ligada desde antaño a la administración de la Armada. Había hecho la mayor parte de su carrera militar en la cruenta guerra colonial de Marruecos, al frente de tropas de choque como la Legión. Y fue allí donde asumió gran parte del bagaje ideológico de los militares “africanistas”: sobre todo, la convicción de que el Ejército era el guardián supremo de la nación y que su deber le situaba por encima de la autoridad civil en caso de amenaza al orden público y a la unidad de la patria. Su matrimonio en 1923 con Carmen Polo, una piadosa y altiva joven de la oligarquía urbana ovetense, acentuó sus inclinaciones conservadoras y sus previas convicciones religiosas integristas (al igual que el nacimiento en 1926 de su única e idolatrada hija).
Durante la dictadura de Primo de Rivera, Franco ascendió al generalato (1926) y fue el primer director de la Academia General Militar de Zaragoza (1927). Proclamada la República en 1931, en virtud de su conservadurismo, mantuvo una relación crítica con el régimen durante el primer bienio de gobiernos republicano-socialistas presididos por Manuel Azaña. Pero se reconcilió con el régimen durante el segundo bienio, cuando los gobiernos derechistas confiaron en él para aplastar la insurrección socialista y catalanista de octubre de 1934. Tras la victoria electoral del Frente Popular en 1936, tomó parte en la conjura militar contra el nuevo gobierno reformista de Azaña. Y, una vez iniciada la sublevación antirrepublicana en julio de 1936, se alzaría con el liderazgo absoluto de los militares sublevados en virtud de sus triunfos militares al frente del Ejército de África y de sus éxitos diplomáticos al conseguir el apoyo de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. De ese modo, el 1 de octubre de dicho año, la junta de generales insurgentes le nombró Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Gobierno del Estado, transfiriéndole “todos los poderes del Estado”. Su victoria final en la guerra civil en abril de 1939 le consagró como Caudillo en una magistratura de carácter “vitalicio y providencial”.
El régimen político franquista tuvo, así pues, su base en una dictadura militar de carácter personal, con Franco elegido por sus compañeros de armas para ejercer “todos los poderes” en nombre del ejército sublevado en 1936. Pero Franco no fue un simple primus inter pares y al Ejército como pilar originario de su poder le sumó otras dos fuentes de legitimidad que apuntalaron su autoridad omnímoda: la Iglesia Católica, que sancionó su esfuerzo bélico como una “Cruzada por Dios y por España” y proporcionó un catolicismo beligerante que habría de ser hasta el final la ideología suprema del régimen; y la Falange Española Tradicionalista, el partido único configurado por amalgama de todas las fuerzas derechistas, que se convertiría en el instrumento para organizar a sus partidarios, suministrar fieles servidores administrativos y encuadrar a la sociedad civil.
El consecuente régimen caudillista erigido sobre esos tres pilares experimentaría una transformación clave en el bienio 1957-1959 (con el cambio de gobierno tras la crisis del primer año y tras la aprobación del Plan de Estabilización del segundo año). En esencia, ese bienio cerraba un “Primer Franquismo” marcado por el legado de la guerra civil, con sus secuelas de represión inclemente, hambruna general, asfixiante autarquía económica y aislamiento internacional (durante la Segunda Guerra Mundial y la postguerra). Y también significaba el arranque de un “Segundo Franquismo” definido por el rápido desarrollo económico, profundos cambios sociales, incipiente bienestar material, apertura diplomática y económica y ensayos de apertura política limitada (en el contexto de la Distensión mundial de los años sesenta).
Franco, así pues, es hoy el nombre de un espectro del pasado más o menos incómodo, pero muy real y operativo. Entre otras cosas, porque una parte considerable de la cultura política actual quizá tiene su génesis y su origen, para bien o para mal, en la época histórica por él presidida y conformada: la obsesión por la unanimidad en las decisiones políticas, la tendencia a la satanización del conflicto y la diferencia, la inclinación a identificar gobierno y nación, la hipertrofia del poder ejecutivo frente a otros poderes estatales, el gusto por el liderazgo carismático personalista, la mirada complaciente hacia la corrupción y la venalidad, etc. Una viñeta humorística del dibujante Max en el diario El País, el 28 de marzo de 2015, daba en el clavo con un sucinto diálogo entre un joven inquisitivo y un asno sabio. El primero pregunta: “Maestro, ¿qué queda del franquismo?”. El segundo responde: “¿Notas ese polvillo grisáceo que hay un poco por todas partes? Se llama caspa, y es una actitud”.
¿Qué hacer con ese legado de un espectro tan incómodo? Pues reconocer que los fantasmas del pasado siempre pueden ser conjurados y exorcizados. Pero lo que no se puede nunca es anularlos por completo ni suponer que no han existido. Es una vieja lección que ya supo enunciar un sabio de la talla de lord Acton hace ya más de un siglo atrás: “Si el Pasado ha sido un obstáculo y una carga, el conocimiento del Pasado es la emancipación más segura y cierta”. Un consejo muy sensato y prudente que ha vuelto a ser recordado recientemente por otro gran historiador, el holandés Ian Buruma, tras su penetrante repaso a las contrastadas actitudes de alemanes y japoneses hacia su reciente y complejo pasado histórico:
Sólo cuando una sociedad llega a ser suficientemente libre y abierta para volver la vista atrás, pero no desde el punto de vista de la víctima ni del criminal, sino con una mirada crítica, únicamente entonces encuentran reposo sus fantasmas.
Lo que sea de España. Aviso a navegantes Son muchas y muy autorizadas las voces, dentro y fuera de nuestras fronteras, que llevan tiempo avisando a la ciudadanía española del serio dilema que afronta desde hace meses su marco de convivencia social e institucional. En esencia, más pronto que tarde deberá decidir si lo que conocemos como “España” (palabra romance derivada del vocablo latino “Hispania”) seguirá existiendo como mínima unidad política soberana o se fraccionará en entidades menores a su vez soberanas y más o menos vinculadas de algún modo. Cabe esperar que la decisión sea tomada por procedimientos democráticos y por tanto pacíficos, sea en uno u otro de los sentidos dilemáticos, aunque nada es seguro en la historia cuando se trata de determinar la continuidad o la disolución de unidades socio-políticas de esta naturaleza, como trataré de apuntar. + La primera de las opciones tiene como base una realidad de partida indubitable: España es hoy un Estado soberano que forma parte de los 193 reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas y es uno de los 27 firmantes de la asociación interestatal conocida como Unión Europea. Su estructura constitucional desde 1978 es de tipo democrático y federal (aunque lleve por nombre “autonómico”) y constituye el último episodio de una larga evolución histórica con dos hitos decisivos:
Los procesos de agregación peninsular de reinos y coronas tardomedievales (la unión dinástica de Castilla y Aragón, con posterior integración de Navarra y Granada, en tiempos de los Reyes Católicos) que pronto desembocaron ya en la Edad Moderna en la formación de la “Monarquía de España” (o Monarquía Hispánica) bajo las Casas de Austria y luego de Borbón (que supuso nuevas integraciones ultramarinas en América y el Pacífico, además de los territorios europeos nucleares, tanto peninsulares como italianos y flamencos).
Los procesos de conversión de una gran metrópoli imperial en una mera y modesta nación europea limitada a sus territorios peninsulares e insulares adyacentes, tras la lenta y penosa emancipación de los territorios ultramarinos a lo largo del siglo XIX, que particularmente tras el Desastre Colonial de 1898 originó fracturas en su hasta entonces inequívoca unidad estatal por surgimiento de nacionalismos fraccionarios alternativos de mayor o menor eco popular según las épocas.
La segunda de las opciones tiene como punto de apoyo otra realidad hoy igualmente indisputable: desde esa crisis existencial finisecular, que afectó igualmente a otros países europeos con igual o mayor intensidad, los nacionalismos fraccionarios surgidos en Cataluña y las provincias vascas (mucho menos en Galicia y otras áreas insulares y peninsulares) han puesto en cuestión la continuidad de la unidad estatal (con formato nacional) de España con distinto éxito e instrumentos (movilización pacífica o acción armada). Cabe incluso recordar que en el contexto de la guerra civil de 1936-1939, esas pretensiones lograron sus objetivos en Cataluña y Euzkadi, que fueron territorios que actuaron de facto (y a veces de iure) como entidades soberanas a todos los efectos, para desesperación del gobierno de la República en lucha contra la insurrección liderada por el general Franco. Una realidad comprobable con la mera lectura de los diarios del presidente Azaña, de las notas internas del presidente Negrín o de los comunicados públicos del ministro Prieto. Una realidad que no se limitó a esas “naciones” fraccionarias porque el desplome de las estructuras estatales sufrido por la República ocasionó la práctica independencia de otros territorios bajo su autoridad nominal. Caso sobresaliente fue la constitución del Consejo Soberano de Asturias y León, que en 1937 se erigió en autoridad independiente de esa zona astur-leonesa de la aislada franja norte republicana. El efecto de esa fragmentación múltiple sobre la capacidad de resistencia republicana ante al enemigo fue reiteradamente denunciado por los líderes citados. A raíz de la pérdida de ese frente norte, el informe interno correspondiente señalaba con amargo pesar:
“Cada una de las tres provincias (Asturias, Santander y Vizcaya) tenía su Gobierno que odiaba cordialmente a los de las otras dos y hacía mangas y capirotes de las disposiciones del Gobierno de la República. Entre cada dos provincias existía una frontera, mucho más difícil de atravesar que una internacional”.
Los términos del dilema a estas alturas del proceso son ya meridianamente claros y no cabe obliterar sus exigencias ni encubrir su naturaleza como si sólo fueran operaciones tácticas de aritmética parlamentaria obligadas por un resultado electoral determinado y contingente. El dilema obedece a procesos más hondos y supone dos horizontes de futuro alternativos y difícilmente conciliables. O bien se opta por la continuidad de la existencia de España como nación soberana en su formato constitucional vigente, con las reformas, cambios y ajustes que procedan y del alcance que se quiera y se pueda afrontar. O bien se procede de manera directa o indirecta a su disolución fáctica para dar origen a micro-naciones peninsulares isonómicamente soberanas, sean las que surjan cuatro (Cataluña, Euzkadi, Galicia y lo que quede de España), ocho (las tres primeras, más Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía y lo que reste de la fracción) o incluso 17 o 19 (cada una de las actuales Comunidades Autónomas, con o sin las dos “Ciudades Autónomas” de Ceuta y Melilla).
En todo caso, es imperativo que la ciudadanía española (acaso también sus rectores políticos, en igual o mayor medida) sea muy consciente de la enorme transcendencia de las decisiones que vaya a tomar y de los beneficios o riesgos que conlleven cada una de las opciones presentes. Sencillamente porque sus efectos serán determinantes e irreversibles no ya para las generaciones actuales sino para las que vienen detrás y después, tanto de España como de la ya muy atribulada Unión Europea (cuya propia entidad quedaría mermada mortalmente por el contagio fraccionario derivado de la desaparición de uno de sus estados principales en términos territoriales y demográficos). Y a la hora de tomar sus determinaciones no estaría de más que esa misma ciudadanía (como sus rectores políticos) recordara los casos similares de nuestro entorno geo-cultural, que permiten apuntar dos hechos evidentes:
Que la secesión pactada de una parte de un Estado acaso pudiera ser pacífica y negociada, aunque siempre sea traumática y divisoria y deje un legado de resentimientos duraderos y a veces episódicamente explosivos en diversos grados menores; y
Que la secesión de más de una parte de cualquier Estado prácticamente nunca ha sido pacífica ni negociada, sino cruenta y violenta en grado sumo y con efectos mortales durante generaciones. Entre otras cosas, por algo muy sencillo de entender y comprobar: destruir, desmantelar y desmenuzar una entidad cultural y humana (tanto si es un Estado como un edificio) es relativamente fácil y rápido; lo verdaderamente difícil es construirlo, mantenerlo y preservarlo.
La segunda eventualidad apuntada, lamentablemente, es la que lleva ya decenios generando muertos y llenando tumbas en el escenario internacional con mucha mayor profusión que cualquier otro tipo de conflictos internacionales. Como ha recordado David Armitage en su reciente y solvente análisis de las guerras civiles en la historia, especialmente focalizado en la época contemporánea, el registro historiográfico muestra que en los últimos siglos “la secesión condujo por regla general a la guerra civil” y que el ejemplo de la implosión de Yugoeslavia en 1991 lejos de ser anormalmente extraordinario es canónicamente ilustrativo. Todavía más:
Gradualmente, la guerra civil se ha convertido en la forma de violencia humana organizada más extendida, destructiva y característica. (…) A partir de 1989 ha habido en cualquier momento un promedio de veinte guerras intra-estatales simultáneas, unas diez veces más que el promedio anual mundial entre 1816 y 1989. (…) Las guerras intestinas tienden a ser más largas, unas cuatro veces más largas, que las guerras entre Estados, y en la segunda mitad del siglo XX duraron por lo general unas tres veces más que en la primera mitad del mismo siglo. Además, la tendencia a repetirse es mucho más pronunciada en este tipo de conflictos que en cualquier otro, puesto que el mayor legado de una guerra civil es más guerra civil; lo cierto es que casi todas las guerras civiles de la última década fueron reanudaciones de guerras anteriores. (…) Los presentes desafíos a la seguridad y la estabilidad nos mueven a pensar que nuestro mundo no es un mundo en paz. Efectivamente, es un mundo en guerra civil.
En definitiva, a la vista de ese contexto global sumamente complejo y crecientemente violento, y contando con el legado histórico de España en las dos últimas centurias, creo sinceramente que hay razones para contemplar con creciente preocupación ciertas derivas emprendidas en la vida política española durante los últimos tiempos. Básicamente porque según sea su evolución hacia una u otra de las alternativas dilemáticas presentes, el desenlace final de esa evolución pudiera ser no solo incierto sino también arriesgado sin apenas género de dudas, por muy loables y hasta bienintencionados que sean los objetivos de sus promotores, seguidores o espectadores. En todo caso, dado que vivimos en un Estado democrático, lo que vaya a ser de España dependerá por tanto de lo que quieran, hagan o dejen de hacer los españoles que hoy la componen como ciudadanía activa y decisoria. Por el bien de todos, debemos esperar que acierten en su elección porque ellos mismos y sus descendientes serán los principales afectados por sus decisiones. Y para entonces, consumados los procesos, ya no valdrán de nada los lamentos, ni los arrepentimientos ni las frustraciones. Enrique Moradiellos Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura.
Real Academia de la Historia.
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
Patrono de Fundceri
Add a Comment